De vueltas con la justicia

Corría el año 1997 cuando el Gobierno de España, atendiendo a las competencias propias de las Comunidades Autónomas y mediante decreto, transfirió a la Junta de Andalucía determinadas atribuciones en materia de justicia. Específicamente por el Real Decreto 142/1997, de 31 de enero, sobre traspaso de funciones de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia.

En este Real Decreto se establece que el Estado transfiere a la Comunidad Autónoma de Andalucía las competencias para la provisión de los medios materiales y económicos necesarios para el funcionamiento de la Administración de Justicia, incluidos los Juzgados de Paz y de forma concreta, entre otros, los siguientes aspectos: la adquisición y gestión de patrimonio mobiliario, inmobiliario y enseres para los órganos judiciales con sede en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la preparación, elaboración y ejecución de los programas de reparación y conservación de los edificios judiciales y su inspección en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita y la gestión de las indemnizaciones, en su caso, de las actuaciones correspondientes a la defensa por Abogado y representación por Procurador de los Tribunales en turno de oficio ante los órganos judiciales con sede en la Comunidad Autónoma de Andalucía y a la asistencia letrada al detenido o preso cuando el lugar de custodia esté situado en el territorio de la Comunidad Autónoma, así como la instalación y puesta en funcionamiento de órganos judiciales de nueva creación con sede en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Diecisiete años más tarde, el panorama no puede ser más decepcionante. Hacinamiento en sedes judiciales, un gasto de 13 millones anuales en la provincia de Cádiz en alquileres de sedes judiciales y ninguna inversión a la vista. Retraso  de un año en el pago de las cantidades pendientes por el turno de oficio y, mientras tanto, sus compañeros del PSOE e Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados más preocupados por impartir justicia en China o en el Tibet que en arreglar los problemas de Andalucía.

Ya ni nos acordamos de las veces que el anterior consejero de Gobernación y Justicia, el señor Menacho, visitó Jerez para hacerse la foto en todos los solares libres que existían en nuestra ciudad prometiendo la ansiada Ciudad de la Justicia. Chapín, Montealegre, Zona Norte…. Sólo le faltó hacerse la foto en la Plaza del Arenal y en el Estadio Municipal de Chapín para tener el álbum completo. Y el remate fue, a pocas semanas de las elecciones, su insistencia en que el inicio de las obras era inminente. Ver para creer.

Diecisiete años más tarde, de vueltas con la justicia. Si no pueden, no saben o no quieren, lo mejor que podrían hacer es devolverle las competencias al Estado por el bien de los ciudadanos.

Dos más dos son cuatro

Por mucho que desde los distintos partidos de la oposición se intenten crear dudas respecto a la gestión económica del gobierno del Partido Popular al frente del Ayuntamiento de Jerez, la lógica y el sentido común arrojan conclusiones totalmente distintas a las denunciadas por los diferentes partido políticos. Estarían bien, al menos, que se hubieran puesto de acuerdo con los números, porque de lo contrario lo único que consiguen es que de forma sencilla les pillemos sus mentiras.

Y es que, cuando de cifra de deuda se trata, parece que no se ponen de acuerdo o hacen los números de forma muy diferente. Hace unos meses el PSOE denunció que la deuda de nuestro Ayuntamiento se había aumentado en más de 400 millones de euros. Después, hace unas semanas, Izquierda Unida saltó a los medios de comunicación argumentando que la deuda se había incrementado en 44 millones de euros. Y ahora, por último, sale el partido de Pacheco, a la postre llamado Foro Ciudadano, argumentando que la deuda se ha aumentado en 160 millones de euros. ¿En qué quedamos? ¿en 400?, ¿en 44? o ¿en 160?

Pero les propongo que hagamos un sencillo razonamiento para poder desmontar el baile de cifras del desconcierto generalizado que tiene la oposición en el Ayuntamiento de Jerez. Si los ingresos totales prácticamente se mantienen y, además, se han reducido 20 millones de euros de gasto de personal y más de 10 millones en los contratos de servicios. ¿Cómo se explican los argumentos de la oposición? Son números que no tienen ni pies ni cabeza. La lógica y el sentido común nos dice que si hemos ahorrado en gasto y mantenemos los ingresos hasta equilibrar el presupuesto operativo del Ayuntamiento, la deuda no puede aumentar. Dos más dos son cuatro.

Cierto es que gran parte de la deuda, que es de todos los jerezanos, con anterioridad estaba contabilizada en balance como deuda comercial (básicamente la deuda con multitud de proveedores que llevaban muchos años sin cobrar), y que esa deuda no era obligatoria consignarla en los presupuestos anuales. Cierto es que afloraron muchísimas facturas sin contabilizar, muchas más metidas en los cajones y que llevaban años durmiendo el sueño de los justos. Es ahora, y gracias a la medidas del  gobierno de España, cuando esa deuda, primero aflora, segundo se contabiliza y tercero se paga a los proveedores para que puedan continuar con su actividad. Toda las demás interpretaciones son juegos contables que no llevan a ningún lado.

No estamos bien, pero estamos mejor. Y, sin duda, se ha trabajado en la buena dirección. Si antes no se pagaba nada, ahora se está pagando bastante. No todo, por supuesto, porque sería imposible en sólo dos años pasar del desastre económico a la bonanza en las cuentas. Pero los efectos los están notando los ciudadanos. Ahora se abonan las nóminas, con penurias y agobios, pero con cierta normalidad. Ahora los jerezanos ven que se comienzan a arreglar calles y alumbrado. Que se hacen arreglos en colegios y que, poco a poco, se va mejorando el servicio de limpieza. Se llegan a acuerdos de pago y, en definitiva, se ve un ambiente,  también en lo económico, de más normalidad.

Las cuentas no fallan y dos más dos, hasta que no se demuestre lo contrario, sigue siendo igual a cuatro.

Haciendo el ridículo

En estos días desde la Junta de Andalucía, y con absoluta descoordinación entre ellos mismos, nos ha dado muestra de lo ridículo que resulta cuando un cargo público intenta atribuirse en solitario gestiones que, o bien no ha realizado, o han sido fruto del trabajo entre distintas administraciones. Los ciudadanos esperan que todos, sin distinción de ideologías y partidos, trabajemos para solucionar problemas y cuando algunos intentan buscar su minuto de gloria en solitario a costa de los demás, lo único que consigue es hacer el más grande de los ridículos.

El primero de los casos ha sido el del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, Rafael Rodríguez, firmando en solitario y ante las cámaras un supuesto acuerdo con Vueling para volar con origen-destino Jerez. Sepa usted que ese acuerdo se lleva trabajando desde la Diputación Provincial de Cádiz desde hace dos meses, incluso ya se estaban vendiendo los billetes, y la Junta, aprovechando que como es su obligación va a contribuir económicamente en el acuerdo, ha decidido intentar aparentar que es una gestión de ellos. Claro ejemplo del comportamiento de políticos de bajo nivel y gran incapacidad.

Pero el más ridículo, sin lugar a duda, ha sido el del delegado de la Junta en Cádiz, señor López Gil, haciendo en solitario la presentación en FITUR del Gran Premio de Motociclismo de España en Jerez. Han sido varias las sesiones de trabajo entre la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Jerez, Cirjesa y Dorna, para poder asegurar la celebración del GP en Jerez durante los próximos años. Pues en ninguna de ellas hemos podido ver al señor López Gil, y de ahí que los datos que ha aportado no sean verdad. Sencillamente, el delegado de la Junta en Cádiz ha mentido. Si no quería pedir los datos al Ayuntamiento de Jerez, por temor a que no pudiera realizar su actuación estelar, al menos podría haberlos solicitado a sus socios de gobierno de Izquierda Unida y hubiese evitado el ridículo.

Vaya por delante el reconocimiento y la importancia de la participación de la Junta de Andalucía en su contribución al canon de la prueba. Entre otras cosas, porque no tendría sentido que un evento de calado provincial, regional y nacional sea soportado exclusivamente con cargo al bolsillo de los jerezanos. Esto que parece tan obvio, no fue así durante muchos años en los que el PSOE le dio la espalda a Jerez. Pero a día de hoy, la Junta ha reducido en casi un 50 por ciento su contribución a la celebración de la prueba y el resto lo aporta la sociedad propietaria del Circuito, Cirjesa. No dice la verdad el señor López Gil cuando asevera que la Junta de Andalucía paga el 90 por ciento de canon, y no dice la verdad tampoco cuando asevera que han invertido en el mandato 10 millones de euros. Es lo que tiene querer ser protagonista de un tema que no ha trabajado.

El protagonismo personal innecesario sólo consigue que sus protagonistas terminen haciendo el ridículo.