Corría el año
1997 cuando el Gobierno de España, atendiendo a las competencias propias de las
Comunidades Autónomas y mediante decreto, transfirió a la Junta de Andalucía
determinadas atribuciones en materia de justicia. Específicamente por el Real
Decreto 142/1997, de 31 de enero, sobre traspaso de funciones de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de provisión de
medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de
Justicia.
En este
Real Decreto se establece que el Estado transfiere a la Comunidad Autónoma de
Andalucía las competencias para la provisión de los medios materiales y
económicos necesarios para el funcionamiento de la Administración de Justicia,
incluidos los Juzgados de Paz y de forma concreta, entre otros, los siguientes
aspectos: la adquisición y gestión de patrimonio mobiliario, inmobiliario y
enseres para los órganos judiciales con sede en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, la preparación, elaboración y ejecución de los programas de
reparación y conservación de los edificios judiciales y su inspección en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, el reconocimiento del derecho a la asistencia
jurídica gratuita y la gestión de las indemnizaciones, en su caso, de las
actuaciones correspondientes a la defensa por Abogado y representación por
Procurador de los Tribunales en turno de oficio ante los órganos judiciales con
sede en la Comunidad Autónoma de Andalucía y a la asistencia letrada al
detenido o preso cuando el lugar de custodia esté situado en el territorio de
la Comunidad Autónoma, así como la instalación y puesta en funcionamiento de
órganos judiciales de nueva creación con sede en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Diecisiete
años más tarde, el panorama no puede ser más decepcionante. Hacinamiento en
sedes judiciales, un gasto de 13 millones anuales en la provincia de Cádiz en
alquileres de sedes judiciales y ninguna inversión a la vista. Retraso de un año en el pago de las cantidades pendientes
por el turno de oficio y, mientras tanto, sus compañeros del PSOE e Izquierda
Unida en el Congreso de los Diputados más preocupados por impartir justicia en
China o en el Tibet que en arreglar los problemas de Andalucía.
Ya ni nos
acordamos de las veces que el anterior consejero de Gobernación y Justicia, el
señor Menacho, visitó Jerez para hacerse la foto en todos los solares libres
que existían en nuestra ciudad prometiendo la ansiada Ciudad de la Justicia.
Chapín, Montealegre, Zona Norte…. Sólo le faltó hacerse la foto en la Plaza del
Arenal y en el Estadio Municipal de Chapín para tener el álbum completo. Y el
remate fue, a pocas semanas de las elecciones, su insistencia en que el inicio
de las obras era inminente. Ver para creer.
Diecisiete
años más tarde, de vueltas con la justicia. Si no pueden, no saben o no
quieren, lo mejor que podrían hacer es devolverle las competencias al Estado
por el bien de los ciudadanos.
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